Autónomo y jubilación, un binomio por resolver
Un 40% menos. Esa es la diferencia entre la pensión media de un jubilado asalariado y un autónomo que pone punto final a su actividad. O en euros, 567. Una diferencia que ha aumentado en los últimos años y que supone una de las principales brechas de protección del colectivo y un elemento clave en la negociación del sistema de cotización por ingresos.
La pensión media de jubilación del régimen de autónomos está 567 euros por debajo de la del genera, un 40% menos que la jubilación de un asalariado. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la pensión media de jubilación procedente del régimen general en febrero era de 1.398,5 euros mensuales frente a los 831,16 euros de la de autónomos. Una diferencia ligeramente superior a la nómina de enero, cuando fue de 566 euros, y está por encima de las medias de 2021 y 2020. En 2020, la pensión de jubilación media del régimen general fue de 1.307,35 euros frente a los 776,24 de autónomos, una brecha de 531,11 euros; mientras que en 2021 esa media de pensión de jubilación para el régimen general fue de 1.335,19 y se quedó en 792,94 euros para autónomos, una diferencia de 542,25 euros.
Las asociaciones piden que se aclare qué son “ingresos reales”
Con el objetivo de reducir esta brecha entre unos trabajadores y otros, Gobierno y asociaciones continúan trabajando en el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Una medida con la que el Gobierno se comprometió con Bruselas y que podría alcanzar hasta los 35 años cotizados.
Pero con salvedades: se podría permitir en algunos casos la elección de los mejores 25 años y, por otro lado, la cobertura de las denominadas como lagunas de cotización. Si el cálculo con 35 años supondría un recorte de las nuevas prestaciones desde el 8% para el asalariado medio hasta el 10% en el caso de los autónomos, permitir los mejores 25 años tendría el efecto contrario, elevando el coste de las prestaciones.
Sin embargo, ya terminada la primera mitad del año sigue sin haber acuerdo entre las partes, y las diferencias entre los diferentes actores están ralentizando el proceso.
Desde las asociaciones piden al Ejecutivo que aclare qué se considerará como “ingresos reales” para calcular las nuevas cuotas. Desde ATA, su vicepresidenta, Celia Ferrero, adelantó que el Gobierno les ha informado que han mantenido una reunión con la Agencia Tributaria con el fin de solventar lo que ellos consideran un “gran obstáculo”, que los ingresos reales de los autónomos sean “reales de verdad”. Esto supondrá, para Ferrero, “mayores obligaciones” para los autónomos, que “tendrán que hacer la declaración de la renta al eliminarse el máximo exento, aunque luego tengan que tributar o no”.
Por su parte, desde UATAE, su secretaria general, María José Landaburu ha solicitado que las bases de cotización se fijen atendiendo al beneficio de la actividad. Esto significaría que las cuotas se basen según los ingresos de los autónomos una vez se descuenten los gastos necesarios para realizar la actividad, incluidas las amortizaciones y las propias cuotas. Además, en su propuesta alternativa pedirán reducir el tiempo de transición hasta el nuevo sistema.
UPTA también ha pedido acortar el plazo de adaptación de nueve a seis años y que 2023 sea el año en el que más se note la rebaja de cotizaciones a quienes actualmente están pagando más de lo que les corresponde y, al mismo tiempo, los que más ingresan empiecen a pagar más. Su planteamiento es que en los tres primeros años de implantación se haga la mayor parte del recorrido. Y es que en aquí tienen claro que el sistema actual es “absolutamente injusto”. En su opinión, “lo que hay que hacer es rebajar la carga contributiva a la seguridad social de los que menos pueden y mayor los que más pueden”.
Gobierno y asociaciones no se ponen de acuerdo
Un punto que no comparten en ATA, que ha rechazado todas las propuestas planteadas desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Critican, entre otros aspectos, que, tal y como se plantea, el cambio sea la solución para mejorar la protección del colectivo. En un comunicado, la organización insiste en que el nuevo sistema está basado en varias mentiras siendo una de ellas, precisamente, que sirva para mejorar las prestaciones del colectivo, “porque estos ya pueden elevar su cotización cuando quieran”. Denuncian que es la Seguridad Social la que tiene topada la base máxima de cotización para la mayoría de los autónomos, los mayores de 48 años. Por su parte, desde UATAE, otra de las asociaciones sentadas a la mesa, han reclamado que en la negociación se aborde “un avance sustancial en la protección, para dejar de ser los jubilados más pobres, y para poder tener las mismas prestaciones y coberturas sociales que los asalariados”.
Afán recaudatorio
ATA no solo discrepa de sus homólogas, sino que también cree que el nuevo sistema es más injusto que el actual, genera desigualdades y es, en definitiva, una reforma que llevaría a los autónomos a la ruina y supondría el hachazo definitivo para muchos. En su opinión, el Gobierno quiere lograr una recaudación adicional de 2.000 millones de euros cada año hasta 2031 con esta reforma de las cotizaciones, para lograr así cubrir con objetivos pactados con Europa. Una propuesta “inasumible” con un claro, en su opinión, “afán recaudatorio”.
“El propio ministro dice que dos de cada tres autónomos van a cotizar menos y es evidente que a menos cotización habrá menos prestación”, señalan desde esta organización que no ha dudado en calificar de “mentiras” algunas de las afirmaciones realizadas por el Ejecutivo. Es falso, insisten, que el 87% de los autónomos cotizan en la base mínima. “En España hay uno de cada tres autónomos que son societarios y cotizan por una base superior al salario mínimo, de 1.200 euros”.
Además, según el análisis que ha realizado ATA, 1,5 millones de autónomos percibe ingresos por debajo del salario mínimo (1.000 euros). De prosperar los cambios que ha preparado José Luis Escrivá, estos trabajadores cobrarían un 30% menos de pensión, de prestaciones por maternidad y paternidad, de bajas laborales, y de accidentes de trabajo.
Sin duda esta reforma, que todos los gobiernos han querido apuntarse pero que ninguno ha conseguido, supone una gran complejidad técnica. De momento, en apenas un mes y medio, se han presentado hasta tres propuestas diferentes que no han conseguido el respaldo del colectivo y tampoco ha despertado grandes simpatías entre los grupos parlamentarios. Bruselas espera y los autónomos, también.
