Un grupo de países liderado por España, Francia y Alemania está frenando la liberalización del transporte internacional de pasajeros por carretera promovido por la Unión Europea. La Comisión Europea (CE) presentó el pasado noviembre su propuesta para modificar la normativa existente. Sin embargo, la iniciativa del Ejecutivo comunitario «no ha sido recibida con un enorme entusiasmo» por parte del Consejo (que agrupa a los Estados miembros).
Aunque el debate aún no ha cogido velocidad entre los gobiernos nacionales, Berlín y París se han sumado en los últimos meses al rechazo liderado desde el primer momento por Madrid y Dublín, dejando su futuro en el aire al haberse alcanzado la minoría de bloqueo. Así, la negativa de los dos principales países europeos a liberalizar el servicio (nada sale de la UE si el beneplácito de Alemania y Francia) deja la propuesta atascada en la mesa del Consejo
Fuentes europeas añaden que no esperan que el dosier progrese durante este semestre, ya que la presidencia rotatoria, en manos de Bulgaria, tiene otras prioridades. «No le auguro grandes perspectivas durante los próximos meses», explican. Pese a la falta de apoyos en el Consejo, la propuesta continúa quemando etapas en el Parlamento Europeo, el cual también se tiene que pronunciar sobre la propuesta de la Comisión. Se espera que los eurodiputados adopten su posición en el comité de Transportes en septiembre, y podría llegar al pleno antes de que concluya este año. Una vez que la Eurocámara y el Consejo adopten sus posiciones, los negociadores de ambas instituciones negociarían un texto consolidado.
El primer Estado en oponerse a la modificación del reglamento fue España, ya que pondría fin de facto al sistema de concesiones de líneas de autobús que opera en nuestro país desde hace más de 30 años. La propuesta de la CE contempla la liberalización total de todas las líneas de autobús que tengan más de 100 kilómetros de distancia entre paradas, lo que incluye a casi todas las rutas interurbanas que dependen del Gobierno (hay 83 y cada viajero recorre de media 193 kilómetros).
A su vez, el proyecto contempla que un regulador independiente juzgue si conviene dar entrada o no a más de un operador en una ruta de menos de 100 kilómetros de longitud. Para el Ministerio de Fomento el proyecto no solo vulnera los «principios de subsidiaridad y proporcionalidad» de la UE, sino que es discriminatorio en virtud de la regla de los 100 kilómetros, ya que no afecta igual a unos Estados que a otros en función de su superficie. Por ejemplo, Luxemburgo o Bélgica tienen menos 100 km entre sus principales ciudades.
Irlanda no tardó en sumarse a la oposición española, al contar con un sistema similar al nuestro pero operado por una empresa pública. El rechazo de Alemania y Francia llegó por motivos diferentes. Aunque ambos países ya tienen un sistema de transporte por carretera liberalizado, no dan licencias de operación a las empresas privadas para proteger el monopolio del ferrocarril -SNCF y Deutsche Bahn-.
La falta de consenso en el Consejo llega justo cuando la UE encara los últimos meses antes de que la maquinaria legislativa se ralentice al entrar en el periodo de precampaña de las elecciones europeas de mayo de 2019. La Comisión programó hasta octubre de este año los dosieres más complicados que quiere sacar antes de concluir este mandato. Además, el Consejo y los eurodiputados también tienen otras propuestas legislativas que acordar relativas al Transporte (los paquetes de movilidad) antes de que se disuelva la Eurocámara.
Reforma descafeinada
La situación se podría desatascar tras la formación de un nuevo Parlamento y, sobre todo, de una nueva Comisión en el otoño de 2019. El nuevo colegio de comisarios, con los nuevos candidatos designados por los estados miembros, podría retirar la propuesta de modificación existente dada la robusta oposición y presentar una nueva aunque «descafeinada» iniciativa, explican fuentes cercanas al proceso.
Aunque la falta de una posición común mínima y las próximas elecciones frenen la liberalización de las líneas de autobús, en el sector están convencidos de que tarde o temprano llegará. «Una vez se pone en marcha la maquinaria europea, es difícil pararla», asevera un alto cargo de una firma de autobuses..
«A mi juicio, no solo esta propuesta, sino que el denominado Cuarto Paquete de Movilidad, salvo alguna norma referida a seguridad aérea u otra de menor calado, no se aprobará en esta legislatura europea, máxime teniendo en cuenta que a mediados de 2019 son las elecciones al Parlamento Europeo y que es muy extraño que con una antelación tan escasa a este hito se aprueben nuevas normas de especial relevancia.», asegura Fernando Cascales, exdirector general de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, y del Inta, en una tribuna publicada en Autobuses y Autocares.
