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Fomento prevé hacerlo esta legislatura con tres tramos de la AP-1, AP-4 y AP-7, que facturan al año 370 millones y suman 67.300 usuarios diarios

Los peajes de las autopistas más antiguas, también llamadas de primera generación, parecen tener sus días contados. Al menos en el caso de las tres cuya concesión a empresas privadas vence esta legislatura, pues el Gobierno ha anunciado que las recuperará y serán gratuitas para los conductores, ya que pasarán a ser costeadas por el Estado.

Es la idea que ya manejaba el PSOE en la oposición y ahora el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha confirmado en una entrevista con 'El País' que llevarán a cabo, dando entender que el Ejecutivo llegará al menos hasta 2020 sin elecciones anticipadas. Los tres tramos de vías de pago que serán 'renacionalizados' en ese período, suman 552 kilómetros -con 67.300 usuarios al día- y representan el 21% de la red de autopistas de peaje El resto de contratos son más largos y la decisión correspondería ya a otro Gobierno.

Los tres siguientes terminan en tres años. Incluyen la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo, una de las que tiene mayor demanda, junto a los tramos Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol de la AP-7. Se extienden por 479 kilómetros y vencen el 31 de agosto de 2021.

Mucho más cercana es la extinción de la concesión de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), la primera de las autopistas donde Fomento eliminará los peajes. Será a partir del 30 de noviembre próximo, medio siglo después que se le adjudicara a Itínere, sociedad participada por la constructora Sacyr. Tiene 84,3 kilómetros y su intensidad media de tráfico es de 16.321 vehículos al día, con un gran volumen de vehículos pesados y extranjeros: es la vía preferida de ciudadanos árabes que van y vienen por Francia. Su facturación anual es de 67,7 millones de euros.

Las otras dos vías de pago que el ministerio recuperará para el Estado, haciéndolas gratuitas para los conductores, son contratos hoy en manos de Abertis y expiran el 31 de diciembre de 2019. Son la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, 93,8 kilómetros por los que pasan 18.343 vehículos al día de media, y dos tramos de la AP-7: los 225,3 kilómetros entre Tarragona y Valencia (16.814 vehículos) y los 148,5 kilómetros entre Valencia y Alicante (15.824 tránsitos).

Abertis, hoy controlada por las multinacionales ACS y Atlantia (italiana), ingresa por ellas 302 millones anuales al año, que junto a la facturación de la AP-1 suponen un negocio de 370 millones por ejercicio.

Ese montante, a priori, podría cubrir los gastos ordinarios de mantenimiento y conservación de esas tres vías, según fuentes gubernamentales. El problema llegaría con la pérdida de recaudación fiscal, al eliminarse la parte de los peajes que eran impuestos, y también por las obras de ampliación pendientes.

Por ejemplo, la AP-1 necesita extender a tres carriles todo su trazado, ante el colapso que puede producirse con el aumento del tráfico pesado de camiones que llegaría desde la antigua carretera nacional tras finiquitarse el peaje. Esa ampliación costaría más de 300 millones y ese dinero habría de cargarse entonces a los Presupuestos del Estado.

Sus socios lo pedían

En cualquier caso, estos planes del Gobierno coinciden con las demandas de varios partidos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy y, por extensión, la investidura de Pedro Sánchez. Los independentistas PDeCat y ERC ya anunciaron su intención de ir eliminando peajes en sus autopistas autonómicas e instaron al Estado a hacer lo mismo. En la Comunidad Valenciana, Compromís y PSOE han promovido, junto a Podemos, que toda la AP-7 sea gratuita en 2019.

Sin embargo, en el País Vasco el PNV sí tiene intención de seguir con la política de cobro, aunque las vías actuales vayan siendo recuperadas por las administraciones públicas. Desde Podemos, en cualquier caso, matizan que lo importante «antes de rescatar autopistas» es hacerlo primero «con los ciudadanos», en referencia al paro y los sueldos, mientras que Ciudadanos reprocha al Ejecutivo socialista que hayan tirado de «improvisación y anuncios», sin explicar aún «cuál es su modelo».

También en Seopan, la patronal de las concesionarias y las grandes constructoras, dudan sobre cómo podrá costear el Gobierno el rescate, pues calculan un coste anual de 450 millones -obras incluidas- solo en las vías que vencen hasta 2021. Los transportistas hacen otras cuentas: se ahorrarían 1.900 euros al año por vehículo al suprimirse los peajes.

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